La correcta declaración del salario ante el Instituto de Previsión Social (IPS) no es solo una obligación formal del empleador, sino es un elemento esencial para garantizar uno de los derechos más importantes del trabajador — su jubilación.
Un derecho constitucional fuertemente protegido
La Constitución Nacional, en su artículo 95, reconoce el derecho a la seguridad social como un derecho fundamental. Este derecho no es meramente administrativo, sino que tiene una naturaleza alimentaria, es decir, está destinado a asegurar la subsistencia digna del trabajador en su etapa pasiva.
Por esta razón, el sistema jurídico paraguayo protege de manera especial las prestaciones jubilatorias, incluso estableciendo que el derecho a la jubilación es imprescriptible (Ley N° 98/92).
El problema de declarar un salario inferior
En la práctica todavía suele ocurrir que el trabajador percibe un salario real mayor pero el empleador declara un monto menor para el cálculo de aportes. Si esto ocurre en los 10 años anteriores a la jubilación del trabajador, contará con una menor base de cálculo y por ende un menor haber jubilatorio.
Aquí es donde existe un potencial riesgo para el empleador de ser demandado por el trabajador porque el hecho de haber declarado un sueldo menor en IPS afecta al monto de su jubilación. Lo mismo puede ocurrir si se omite totalmente la inscripción en IPS si está en realidad corresponde. Existen varios casos judiciales ganados por parte de trabajadores en donde la empresa demandada tuvo que pagar de manera complementaria todos los aportes no realizados con el fin de que el trabajador acceda a la jubilación que le corresponde.
Cómo se calcula hoy la jubilación
A partir de la Ley N° 7446/2024, la base de cálculo de los haberes jubilatorios se determina considerando el promedio de las remuneraciones de los últimos 120 meses (10 años). Anteriormente se tomaban solamente los últimos 36 meses o 3 años.
Consulte aquí los distintos tipos de jubilaciones del IPS. https://www.ecmueller.com.py/es/jubilaciones-del-ips/
“El IPS es caro y no funciona bien”: es un problema real
Es frecuente escuchar dos críticas recurrentes por parte de los empleadores: por un lado, que el costo del IPS (25,5%) resulta elevado, especialmente en rubros intensivos en mano de obra y, por otro, que el sistema muchas veces no responde adecuadamente, por ejemplo, por la falta de medicamentos, insumos o demoras en la atención. Esta realidad lleva en la práctica a los empleadores a sentir aversión a declarar salarios inferiores para reducir la carga financiera, porque en muchos casos, no se le descuentan los 9% al trabajador y se convierte en un costo adicional para la empresa.
Sin embargo, estas soluciones generan un riesgo latente a generar problemas judiciales en el futuro. Más allá de las deficiencias operativas del IPS que realmente existen, el sistema previsional sigue siendo obligatorio y cumple una función esencial: garantizar la protección social del trabajador a largo plazo. Reducir artificialmente la base de aportes no corrige el problema del sistema, sino que traslada el impacto directamente al trabajador, afectando su futura jubilación.
Además, estas prácticas exponen al empleador a contingencias legales relevantes, incluyendo reclamos por diferencias de aportes e incluso la obligación de regularizar retroactivamente la situación. En ese sentido, lo que hoy se percibe como un ahorro o una compensación frente a las falencias del sistema, puede convertirse mañana en un pasivo significativo, tanto económico, legal y reputacional.
